Renovación de la política nacional de IA con apoyo de UNESCO
La inteligencia artificial ya no es una promesa del futuro, sino una realidad que está transformando cómo trabajamos, aprendemos y convivimos. Chile acaba de dar un paso importante en ese proceso: renovó su Política Nacional de IA con el respaldo técnico y ético de la UNESCO. Este avance no es meramente institucional. Afecta de manera concreta la forma en que se regulará la IA en el país, con miras a un desarrollo más justo, transparente y responsable.
Un punto de partida necesario
En 2023, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación inició una serie de encuentros regionales con expertos, académicos, representantes del sector privado, de la sociedad civil y del Estado. El objetivo era revisar el estado actual de la IA en el país y definir los caminos que debía seguir la política pública.
Como parte de ese proceso, Chile adoptó la Metodología de Evaluación de Preparación (RAM), una herramienta internacional diseñada para analizar si un país está listo para enfrentar los desafíos que trae consigo la IA. Esta metodología permitió al Estado levantar un diagnóstico amplio y participativo, que abarcó aspectos éticos, legales, educativos, económicos, sociales y tecnológicos.
Este enfoque no se limitó al mundo académico o a los expertos en tecnología. También se escucharon voces regionales y comunitarias, con el fin de captar los temores, expectativas y conocimientos que existen en distintos sectores del país respecto al uso de la IA.
Qué es la metodología RAM y por qué importa
La herramienta RAM permite evaluar el grado de preparación de un país frente a la inteligencia artificial, desde una perspectiva integral. Abarca cinco dimensiones clave:
Dimensión | Objetivo |
---|---|
Jurídica y regulatoria | Detectar vacíos legales, riesgos en protección de datos y derechos digitales |
Social y cultural | Comprender los impactos en la ciudadanía, ética pública y confianza social |
Económica | Evaluar cómo la IA transforma el empleo, la productividad y la innovación |
Educativa y científica | Medir la preparación del sistema formativo y la generación de conocimiento |
Tecnológica | Revisar la infraestructura digital, conectividad y accesibilidad |
Chile fue el primer país del mundo en aplicar y completar oficialmente esta evaluación. El ejercicio no se trató de una simple encuesta, sino de una serie de talleres participativos con actores de distintas regiones del país. Los resultados se transformaron en una base sólida para reformular la política nacional.
Una política con enfoque en derechos, inclusión y desarrollo
Con los datos obtenidos a través de la RAM y otros procesos de consulta, el Gobierno actualizó su Política Nacional de Inteligencia Artificial, agregando tres instrumentos principales:
- La nueva Política de IA, que orienta el desarrollo de esta tecnología de forma segura, ética, inclusiva y transparente.
- Un plan de acción con más de 170 medidas específicas, que cubren áreas como educación, investigación, innovación, participación ciudadana, equidad de género, protección de datos y ciberseguridad.
- Un proyecto de ley, que propone un sistema de clasificación de riesgos para las aplicaciones de IA y establece marcos de responsabilidad para su uso.
Este nuevo marco busca equilibrar el impulso a la innovación con la protección de los derechos fundamentales. La política propone, por ejemplo, que los sistemas de IA de “alto riesgo” —como los usados en salud, justicia o educación— estén sujetos a evaluaciones previas, auditorías, transparencia de datos y explicabilidad de decisiones automatizadas.
¿Qué cambia para el ciudadano común?
Una de las mayores preocupaciones de las personas respecto a la IA es cómo puede afectar su privacidad, su empleo o el acceso a servicios básicos. La nueva política incluye principios que intentan responder a esos temores: transparencia en los algoritmos, derecho a conocer cuándo se interactúa con una IA, mecanismos de reclamo en caso de decisiones automatizadas, y garantía de que ninguna persona sea discriminada por sistemas automatizados.
La educación también entra en juego. La política contempla acciones para que las escuelas, universidades y centros técnicos integren contenidos sobre IA en sus programas. No se trata solo de formar ingenieros, sino también de preparar a profesores, trabajadores sociales, abogados y funcionarios públicos para convivir con estas herramientas.
Un marco legal en construcción
El proyecto de ley que acompaña esta política no pretende bloquear el avance tecnológico. Su meta es establecer condiciones claras y justas. Propone, entre otras cosas, crear un sistema nacional de registro para desarrolladores de IA, establecer principios de diseño responsable, asegurar derechos de las personas afectadas por decisiones algorítmicas y definir responsabilidades frente a fallas o sesgos.
La clasificación de los sistemas de IA por nivel de riesgo es una de las claves de esta propuesta. Así se busca evitar enfoques extremos: ni un “vale todo” sin control, ni una regulación que asfixie la innovación.
Desafíos pendientes
Aunque el marco institucional ya está definido, varios desafíos quedan en el camino:
- Aprobación legislativa: el proyecto de ley debe ser debatido y aprobado por el Congreso, lo que implicará negociaciones y posibles ajustes.
- Capacidad técnica: no basta con buenas intenciones. El Estado deberá invertir en formación, contratación y fortalecimiento de capacidades para implementar esta política.
- Participación constante: se necesita un monitoreo abierto, con mecanismos para que la ciudadanía pueda evaluar y aportar al desarrollo ético de la IA.
- Descentralización: es clave que los avances no se queden en Santiago. La implementación debe tener alcance territorial y considerar brechas de conectividad y formación.
Una oportunidad para liderar con ética
El mundo observa con atención cómo cada país define su relación con la inteligencia artificial. Algunos optan por dejar que el mercado dicte las reglas, mientras otros buscan un control estricto. Chile apuesta por un camino intermedio: responsable, participativo y guiado por principios.
Al poner los derechos humanos en el centro, la nueva política chilena marca un precedente relevante, no solo para América Latina, sino para cualquier país que quiera combinar innovación tecnológica con responsabilidad democrática.
Este no es el final del camino, sino una etapa clave en un proceso que seguirá evolucionando. La rapidez del cambio tecnológico obliga a mantener una política flexible, atenta y abierta a nuevas realidades. Pero lo importante es que el país ya cuenta con un marco claro para avanzar con sentido de propósito.
Una IA ética, útil y justa no se construye solo con código, sino con decisiones políticas, compromiso social y visión de futuro. Y eso, precisamente, es lo que esta política empieza a delinear.